El término activismo judicial alude, de forma general, a la inclinación de ciertos tribunales o jueces a adoptar decisiones que exceden la aplicación estricta de la ley, recurriendo a interpretaciones extensivas de normas constitucionales o convencionales, e incluso estableciendo nuevos estándares jurídicos. Este fenómeno ha sido particularmente estudiado en los Estados Unidos desde mediados del siglo XX, donde comenzó a utilizarse para describir fallos de la Corte Suprema considerados como invasivos de las competencias del legislador (Chemerinsky, Constitutional Law, 2015). En América Latina, el término ha sido adoptado con matices propios, dada la centralidad que los jueces han asumido frente a Estados que muchas veces no garantizan efectivamente los derechos sociales.
Este tipo de actuación judicial genera posiciones encontradas. Por un lado, algunos autores destacan su papel en la promoción de valores constitucionales y en la protección de derechos fundamentales, especialmente en contextos de inercia legislativa o ejecutiva. Por el otro, existen visiones críticas que alertan sobre el riesgo de una hipertrofia del poder judicial, que podría poner en tensión la división de poderes y afectar la legitimidad democrática si los jueces sustituyen la voluntad del legislador (Gargarella, 2014).
En cualquier caso, el activismo judicial ha sido objeto de intensos debates, en especial respecto del rol del juez en temas como la protección de derechos económicos, sociales y culturales, el control de constitucionalidad, o su intervención en conflictos de alta sensibilidad política.
El presente artículo busca explorar los contornos conceptuales del activismo judicial, sus fundamentos y su impacto, especialmente en el ámbito de los derechos humanos.
II. Problemática central: ¿cuándo una decisión judicial cruza el límite de la interpretación hacia la creación de derecho?
La distinción entre interpretación y creación judicial del derecho ha sido objeto de debate en la teoría jurídica. Mientras que la interpretación se refiere a la elucidación del significado de las normas existentes, la creación implica la formulación de nuevas normas o principios que no se derivan directamente del texto legal. En este contexto, el activismo judicial se manifiesta cuando los jueces, al resolver casos concretos, adoptan decisiones que no solo interpretan la ley, sino que también establecen nuevos estándares jurídicos. Este fenómeno ha sido analizado en la doctrina argentina, donde se reconoce que la interpretación constitucional conlleva inevitablemente un elemento de creación de derecho (law making) .
Un ejemplo paradigmático en Argentina son los fallos sobre gestación por sustitución, pluriparentalidad, derecho a réplica, entre otros, sentencias que tuvieron sus basamentos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a pesar de la ausencia de una ley nacional que lo reglamentara. Estos casos evidenciaron cómo el tribunal, al aplicar directamente normas internacionales con jerarquía constitucional, contribuyeron a la creación de derecho en el orden interno.
La problemática central radica en determinar cuándo este tipo de decisiones judiciales, que exceden la mera interpretación, son legítimas y necesarias para la protección de derechos fundamentales, y cuándo podrían representar una extralimitación que afecta la división de poderes. La doctrina ha señalado que el activismo judicial puede ser una herramienta válida para hacer operativos los derechos humanos, especialmente en contextos donde los otros poderes del Estado han sido omisos.
III. Diferencia entre interpretación judicial y activismo judicial.
La interpretación judicial es una función esencial del juez, que consiste en determinar el sentido y alcance de las normas jurídicas aplicables a un caso concreto. Esta labor se enmarca dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y busca aplicar la ley de manera coherente y predecible. En cambio, el activismo judicial implica que el juez, al resolver un caso, adopta decisiones que van más allá de la interpretación tradicional, estableciendo nuevos principios o normas que no se derivan directamente del texto legal. Esta conducta puede manifestarse en la invalidación de leyes, la redefinición de políticas públicas o la creación de derechos no previstos expresamente en la legislación vigente. Como señala Fabio Enrique Pulido Ortiz, el activismo judicial se caracteriza por la modificación intencional de las competencias por parte del juez a través de sus decisiones[1].
La distinción entre interpretación y activismo judicial radica, por tanto, en los límites de la función judicial. Mientras que la interpretación se circunscribe a aplicar y esclarecer el derecho existente, el activismo judicial implica una expansión de la función jurisdiccional, que puede afectar la separación de poderes y la legitimidad democrática. Sin embargo, en contextos donde los otros poderes del Estado han sido omisos o ineficaces en la protección de derechos fundamentales, el activismo judicial puede ser una herramienta necesaria para garantizar la justicia y la equidad en la sociedad.
IV. El rol del juez en el Estado constitucional de derecho.
En el Estado constitucional de derecho, el juez trasciende su función tradicional de mero aplicador de la ley para convertirse en garante activo de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales. Este modelo exige que las decisiones judiciales no solo se ajusten a la legalidad formal, sino que también se fundamenten en principios constitucionales y en el respeto a los derechos humanos. Como señala el jurista Víctor Vacca González, los jueces deben comprender que su independencia se fortalece en la medida en que incorporan la Constitución en cada acto concreto que realizan, aplicando directamente sus cláusulas y sometiendo las normas infraconstitucionales a un test de constitucionalidad[2]. Este enfoque implica una interpretación dinámica y contextual del derecho, donde el juez asume un papel proactivo en la protección de los derechos fundamentales, especialmente en contextos donde otros poderes del Estado han sido omisos o ineficaces.
V. Activismo judicial y derechos humanos
El activismo judicial ha desempeñado un papel determinante en la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente en contextos donde los órganos políticos del Estado no han brindado respuestas adecuadas o han incurrido en graves demoras. En América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos emblemáticos que reflejan esta tendencia. Por ejemplo, en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, la Corte condenó al Estado mexicano por la falta de diligencia en la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez, estableciendo estándares internacionales para abordar la violencia de género. Asimismo, en el caso Bulacio vs. Argentina, se responsabilizó al Estado argentino por la detención arbitraria y muerte de un joven, resaltando la necesidad de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Otros ejemplos: María vs Argentina (2023), Córdoba vs Paraguay (2023), y muchos otros más. Estos ejemplos ilustran cómo el activismo judicial puede ser una herramienta efectiva para hacer frente a violaciones de derechos humanos y promover cambios estructurales en las políticas legislativas y políticas públicas.
IV. Conclusión
El activismo judicial es un fenómeno complejo, que oscila entre el compromiso con la justicia sustantiva y el riesgo de desbordar los límites institucionales del poder judicial. En el marco del Estado constitucional de derecho, los jueces están llamados a interpretar la ley de forma que garantice la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, incluso cuando ello implique adoptar decisiones que resulten incómodas para los otros poderes del Estado. No obstante, esta intervención no está exenta de tensiones, especialmente cuando se percibe que los tribunales suplantan la función legislativa.
La legitimidad del activismo judicial depende, en gran medida, del contexto institucional, del respeto a los procedimientos constitucionales y del fundamento jurídico que sustente cada decisión. Cuando este activismo se dirige a proteger derechos vulnerados, cerrar brechas de desigualdad o responder a omisiones graves de los poderes públicos, adquiere un valor democrático y ético difícil de ignorar.
Lejos de tratarse de una práctica arbitraria, el activismo judicial debe ser comprendido como una forma de responsabilidad institucional. En un mundo donde los derechos humanos siguen siendo objeto de disputa, el juez activo no necesariamente es un juez ilegítimo: puede ser, en cambio, un garante indispensable de la justicia constitucional y del pacto democrático.
[1] https://www.redalyc.org/journal/720/72075516004/72075516004.pdf
