La inclusión escolar busca garantizar los derechos de todos los estudiantes, pero detrás de esta política surgen desafíos que a veces desembocan en controversias judiciales. Aquí un caso y el debate sobre la titulación igualitaria
Un reciente caso en Neuquén (Arg.) lo pone en evidencia: un joven con discapacidad intelectual cursó una carrera técnica con adecuaciones curriculares. Al finalizar, su familia solicitó un título sin mención de dichas adecuaciones, argumentando igualdad de oportunidades y acceso al trabajo. Sin embargo, las normativas vigentes exigían que el título reflejara las adecuaciones por motivos de transparencia profesional. Tras varios reclamos, el Consejo Provincial decidió a favor del joven, eliminando la aclaración en el título, lo que abrió el debate sobre si la educación inclusiva puede realmente garantizar igualdad cuando las trayectorias educativas son diferentes.
Este caso, más allá de sus implicaciones locales, plantea una pregunta crucial: ¿puede la inclusión educativa realmente garantizar la igualdad cuando las trayectorias educativas son diferentes?
La educación inclusiva no solo debe aspirar a integrar a los estudiantes en las aulas, sino también a asegurar que las oportunidades futuras no se vean comprometidas por las políticas de certificación diferenciada. Sin embargo, las normativas actuales parecen estar atrapadas en una tensión entre la necesidad de inclusión y la preservación de estándares profesionales que, según algunos, podrían verse comprometidos.
La cuestión no es solo si las adecuaciones curriculares deben reflejarse en los títulos, sino cómo el sistema educativo puede adaptarse para asegurar que la inclusión no se traduzca en desigualdad.
El debate continúa: ¿Cómo equilibrar inclusión y equidad, asegurando al mismo tiempo los estándares profesionales?
