Niñez, Educación y Discapacidad:comparación de sistemas legislativos entre Argentina y Nicaragua

Autoras:

Priscila Caceres Ortiz

Mariana Rey Galindo


Palabras claves: Inclusión, NNA (niños, niñas y adolescentes), Discapacidad, legislación.

Keywords: Inclusion, children and adolescents, disability, legislation.

Resumen: Este artículo propone comparar los sistemas reglamentarios en el tratamiento para la inclusión de la niñez y adolescencia con discapacidad, en Argentina y Nicaragua, examinando la legislación de ambos estados. El análisis se centrará en la valoración de las oportunidades para la integración social y la contribución comunitaria de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. A partir de esto, se expondrán similitudes y diferencias entre ambos países.

Abstract: This article proposes to compare the regulatory systems for the inclusion of children and adolescents with disabilities in Argentina and Nicaragua by examining the legislation of both states. The analysis will focus on evaluating the opportunities for social integration and community contribution of children and adolescents with disabilities. From this,similaritiesanddifferencesbetweenthetwo countries will be presented.

1) Marco normativo

– Argentina:

La República Argentina cuenta con un robusto marco normativo que protege los derechos de la niñez y las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo. Este marco está compuesto por diversas leyes, tratados internacionales y políticas públicas que buscan garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades.

  • Constitución Nacional

La Constitución Nacional de Argentina, reformada en 1994, establece en su artículo 75, inciso 22, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto incluye la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), asegurando así la protección y promoción de los derechos de estos grupos.

  • Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes(Ley 26.061)

Esta ley, promulgada en 2005, establece un marco integral de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina. Reconoce a los niños como sujetos plenos de derecho y obliga al Estado, las familias y la sociedad a garantizar su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad.

  • Ley de Educación Nacional (Ley26.206)

Promulgada en 2006, esta ley define el derecho a la educación como un derecho personal y social, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos. La Ley de Educación Nacional pone un énfasis especial en la inclusión de estudiantes con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

  • Ley de Educación Especial (Ley24.431)

Esta ley específica establece los lineamientos para la educación de personas con discapacidad, garantizando su derecho a recibir una educación adecuada a sus necesidades. La Ley de Educación Especial promueve la integración de estos estudiantes en el sistema educativo general, siempre que sea posible, y prevé la creación de recursos y apoyos necesarios para facilitar esta inclusión.

  • Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

La CDN, ratificada por Argentina en 1990, e incorporada a la legislación interna en 1994. La Convención establece que los niños con discapacidad deben disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, y exige a los Estados Partes promover medidas para alcanzar el goce de dichos derechos, entre los que se incluyen las acciones que faciliten su participación activa en la comunidad.

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

Argentina ratificó la CDPD en 2008, comprometiéndose a garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad. La CDPD subraya la importancia de la accesibilidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, y establece obligaciones específicas en el ámbito de la educación inclusiva.

– Nicaragua:

En el contexto de Nicaragua, la estructura legal actual, así como las políticas públicas implementadas, se orientan hacia el aseguramiento de la igualdad de condiciones y la plenitud de los derechos para la infancia (Programa Inclusión Educativa 2015, Ministerio de Educación, Managua, Nicaragua). La Carta Magna de Nicaragua consagra la igualdad y la no discriminación como derechos inalienables, reconociendo el derecho de los NNA con discapacidad a recibir un tratamiento especializado, integral e inclusivo (Constitución de Nicaragua, Reforma 2022, Artículo 59). Además, la Ley 763 establece un marco legal para la protección, promoción y restitución de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a los niños (Ley 763 Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su capítulo V). Las autoridades de Nicaragua han promulgado leyes y aplicado estrategias para promover la integración social de los niños con discapacidad (Ley 287, El Código de la Niñez y la Adolescencia, capítulo III, en sus artículos 43 y 77), destacando el plan de Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021 (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021). Este marco estratégico busca garantizar la accesibilidad en áreas como la educación, los servicios de salud, la vivienda y el empleo, además de fomentar la participación activa de la niñez con discapacidad en los procesos de toma de decisiones y en la comunidad (Estrategia Nacional de Educación 2010, Nicaragua). Por último, cuentan con la Normativa para Atención al Estudiantado, la cual está enfocada en brindar la equidad necesaria en el sistema educativo para dar cumplimiento al derecho a la educación de la población con discapacidad (Normativa para la Atención del Estudiantado con Necesidades Educativas en el Marco de la Diversidad Nicaragüense 2012). Sin embargo, a pesar de las leyes y políticas existentes, la implementación efectiva y el cumplimiento de los derechos de los NNA con discapacidad en la práctica aún presentan desafíos en Nicaragua.

2) Análisis comparativo en la satisfacción de determinado derecho cultural (DESC)

– Argentina

El marco normativo argentino, diseñado para proteger y promover los derechos de la niñez y las personas con discapacidad, ha tenido un impacto significativo en la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el ámbito educativo.

A continuación, se analiza cómo la legislación ha influido en estos derechos y se destacan algunos de los desafíos y logros más relevantes.

  • Acceso a la educación

Uno de los principales logros de la legislación argentina es el aumento en el acceso a la educación para los niños con discapacidad. La Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Especial han establecido medidas claras para garantizar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad. La inclusión de cláusulas específicas que promueven la integración y la no discriminación ha facilitado la creación de programas y recursos educativos adaptados a las necesidades de estos niños.

  • Inclusión y participación

La legislación ha fomentado un entorno educativo más inclusivo, donde la participación activa de los estudiantes con discapacidad es cada vez más común. Las escuelas han adoptado prácticas inclusivas, como la formación de docentes en educación especial, la adecuación de infraestructuras y la implementación de tecnologías asistidas. Estas medidas han permitido que los niños con discapacidad participen plenamente en la vida escolar, desarrollando sus habilidades y potencial en un entorno que valora la diversidad.

  • Igualdad de oportunidades

Los diseños educativos argentinos, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han promovido la igualdad de oportunidades en la educación. Se han implementado programas de becas y ayudas económicas para familias de bajos recursos, garantizando que las barreras económicas no impidan el acceso a la educación. Además, se han desarrollado programas de educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universidad.

  • Desafíos en la implementación

A pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva de estas normas enfrenta varios desafíos. Entre los que se puede citar son: a) la falta de recursos económicos; b) la infraestructura escolar en algunas regiones no está completamente adaptada para recibir a estudiantes con discapacidad, lo que limita su participación plena y efectiva.

  • Impacto Cultural y Social

La legislación también ha tenido un impacto positivo en la percepción social de la discapacidad. Las campañas de sensibilización y la promoción de una cultura inclusiva han contribuido a reducir el estigma asociado a la discapacidad. La participación de estudiantes con discapacidad en actividades escolares y comunitarias ha aumentado, promoviendo una mayor aceptación y comprensión de la diversidad.

– Nicaragua:

En Nicaragua, el acceso a la educación para niños con discapacidad presenta diferencias significativas en comparación con Argentina en cuanto a los programas de educación inclusiva y los servicios educativos disponibles en ambos países. Por ejemplo, en Argentina, se han implementado políticas de inclusión educativa que garantizan el acceso de todos los niños con discapacidad a la educación regular, brindando apoyos específicos según las necesidades de cada estudiante (Ley de Educación Nacional N° 26.206 y en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061). Por otro lado, en Nicaragua, aunque también existe un marco legal que promueve la inclusión educativa, la falta de información actualizada es un desafío para mejorar la calidad de vida de los NNA con discapacidad, como lo evidencia la falta de actualización en las estadísticas relacionadas con la discapacidad, ya que los datos más recientes disponibles se remontan a la Encuesta de Discapacidad (ENDIS) de 2003. Además, la prevalencia de la discapacidad en Nicaragua, según la ENDIS de 2003, es del 10.3%, lo que indica una proporción significativa de la población afectada. Sin embargo, esta cifra puede haber cambiado en los últimos años debido a factores como el envejecimiento de la población, cambios en la incidencia de enfermedades y lesiones, así como avances en la detección y el tratamiento de las discapacidades. Por lo tanto, es crucial contar con datos actualizados para informar políticas y programas destinados a mejorar la inclusión y el acceso a la educación para las personas con discapacidad en Nicaragua.

Asimismo, en Nicaragua, se encuentran obstáculos significativos en relación con la inclusión y la participación de la niñez y/o población con discapacidad. Por ejemplo, los buses de transporte público carecen de accesos adecuados para estas personas, en febrero de 2023 Rusia donó una flota de 150 buses a Nicaragua con el fin de modernizar el transporte público. Sin embargo, no cuentan con un sistema apropiado para la población con discapacidad. Aunque existe una ley que establece normas y criterios básicos para la prevención y eliminación de barreras en el medio físico, su implementación aún no ha sido suficiente para garantizar la plena accesibilidad a los servicios de transporte para quienes tienen discapacidades (La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (2004). En el ámbito educativo, las escuelas también presentan desafíos similares. Los niños, niñas y adolescentes expresan su malestar debido a la falta de accesibilidad en estos entornos. Esta situación se ve agravada por la estigmatización y discriminación, lo que restringe aún más las oportunidades de participación activa en la comunidad para este grupo.

3) Conclusiones

  • En conclusión, para abordar los desafíos en la inclusión y garantizar un acceso equitativo a los derechos de los NNA con discapacidad en Nicaragua, es fundamental que el gobierno adopte un enfoque proactivo y comprometido con la promoción de la igualdad y la justicia social. Esto implica no sólo la formulación de políticas inclusivas, sino también su implementación efectiva y el cumplimiento de las leyes y regulaciones existentes. Además, se necesita una mayor transparencia y rendición de cuentas para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa en beneficio de toda la población. En última instancia, el compromiso político y la voluntad de actuar son esenciales para construir una sociedad más inclusiva y justa para todos los nicaragüenses.
  • El análisis del marco normativo y su impacto en la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Argentina revela un compromiso significativo del Estado para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para los niños y niñas con discapacidad. La implementación de leyes como la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Especial, junto con la ratificación de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece una base sólida para la protección y promoción de los derechos de estos grupos.

Sin embargo, la efectiva realización de estos derechos enfrenta desafíos continuos, especialmente en términos de recursos económicos, capacitación docente y adecuación de infraestructuras escolares. A pesar de estos desafíos, los esfuerzos realizados han logrado avances importantes en la inclusión educativa, reflejados en el aumento de la matrícula de estudiantes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo.

Según datos del Ministerio de Educación, hay 209.553 alumnos con discapacidad matriculados en establecimientos educativos de Argentina en los niveles inicial, primario y secundario. De estos, 101.107 asisten a establecimientos de educación especial y 108.446 a escuelas comunes. Esto significa que más del 50% de los estudiantes con discapacidad están incluidos en escuelas comunes, lo que destaca un avance hacia la educación inclusiva. Este dato es respaldado por el Relevamiento Anual de 2021 de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación, que confirma la distribución de los estudiantes entre educación especial y común, subrayando el esfuerzo del Estado por integrar a los niños con discapacidad en el sistema educativo general.

El informe de actualización de Argentina presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en marzo de 2023 resalta varios puntos clave:

  • Presupuesto y programas: La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha fortalecido su estructura y ha incrementado significativamente su presupuesto, permitiendo la ejecución eficiente de programas como el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) y el Programa Federal de Salud “Incluir Salud”.
  • Transversalización y visibilización: Se han creado perfiles profesionales específicos para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y se han lanzado programas interministeriales como “Equiparar” para fomentar la inclusión en diversos sectores.
  • Pandemia COVID-19: Se implementaron medidas de contención y asistencia económica, prórrogas de certificados y estrategias de accesibilidad para asegurar la continuidad de los derechos durante la pandemia.

En resumen, la legislación argentina ha tenido un impacto positivo en la inclusión educativa de los niños con discapacidad, aunque la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío. La voluntad política y la asignación de recursos son fundamentales para continuar avanzando hacia una sociedad más continente, donde cada niño y niña, sin excepción, tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial.

Como cierre, y a modo de ilustración, presentamos el siguiente cuadro sumario y comparativo en el que se resalta las similitudes y diferencias en la manera en que Argentina y Nicaragua abordan la inclusión educativa y social de niños con discapacidad, destacando tanto los logros como los desafíos en cada país.