Los límites de la función parental y la responsabilidad judicial de proteger
¿Puede una decisión adoptada con amor y con la convicción de estar haciendo lo mejor para un hijo terminar comprometiendo sus derechos?
La pregunta nos sitúa frente a una de las dimensiones más delicadas de las relaciones familiares. El cuidado suele estar asociado al afecto, la protección y la confianza. Sin embargo, las buenas intenciones no siempre aseguran que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades de quienes las reciben.
Dos recientes pronunciamientos judiciales, uno de Irlanda y otro de Argentina, permiten examinar esta cuestión desde circunstancias diferentes, pero atravesadas por un interrogante común.
¿Hasta dónde alcanza la autonomía de los progenitores cuando su ejercicio puede comprometer la salud, la integridad o el bienestar emocional de sus hijos?
En noviembre de 2026 se conoció una sentencia de la High Court de Irlanda[1] que autorizó la administración de medicación a una adolescente, pese a la oposición de su madre. El tribunal valoró las conclusiones coincidentes de los profesionales tratantes y de un especialista independiente, quienes habían identificado riesgos graves asociados con la falta de tratamiento.
La decisión reconoció expresamente la existencia de una relación afectuosa entre madre e hija y el cuidado adecuado proporcionado en otros aspectos de su vida. Sin embargo, consideró necesaria una intervención limitada a una cuestión sanitaria específica, con previsión de revisiones periódicas.
En Argentina, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico[2], confirmó el 22 de octubre de 2026 la prórroga de medidas que impedían a una progenitora acercarse y comunicarse con su hijo durante sesenta días, preservando la posibilidad de encuentros puntuales de revinculación dispuestos por los organismos especializados.
La resolución se apoyó en una evaluación interdisciplinaria actualizada que daba cuenta de una evolución favorable del niño durante la vigencia de las restricciones y de la persistencia de circunstancias consideradas perjudiciales para su integridad emocional.
En este segundo caso, la intervención no estuvo vinculada con una decisión sanitaria, sino con las condiciones de ejercicio del vínculo materno-filial.
Ambas decisiones permiten reflexionar sobre el alcance jurídico del cuidado y las responsabilidades que corresponden a las instituciones cuando la protección de derechos exige establecer límites.
La función parental entre la autonomía familiar y los derechos de los hijos
La responsabilidad parental no constituye un poder absoluto sobre la vida de niñas, niños y adolescentes. Es una función jurídica orientada a su protección, desarrollo y formación integral.
Esta concepción encuentra reconocimiento tanto en nuestro país como en el resto de los Estados que forman parte de la Convención de los Derechos del niño, pues todo tiene asiento en los artículos 3, 5, 12 y 18 de ese tratado.
Los progenitores tienen el derecho y la responsabilidad de orientar, acompañar y adoptar decisiones vinculadas con la crianza. Esa autonomía merece respeto y protección frente a intervenciones estatales injustificadas.
Sin embargo, su ejercicio encuentra límites en los derechos de los hijos, quienes poseen una esfera jurídica propia que no puede quedar absorbida por las convicciones o expectativas de las personas adultas.
La intención de proteger y la protección efectiva no siempre coinciden.
Esta distinción exige prudencia. No toda discrepancia familiar, decisión parental discutible o diferencia con las recomendaciones profesionales configura una vulneración de derechos. La diversidad de criterios de crianza forma parte del ámbito legítimo de autonomía familiar.
La intervención estatal adquiere justificación cuando existen circunstancias concretas, suficientemente acreditadas, que permiten identificar riesgos relevantes y hacen necesaria una respuesta protectoria.
Los dos pronunciamientos examinados muestran cómo esa intervención puede adoptar modalidades diferentes.
En el caso irlandés, el tribunal no desplazó integralmente la función parental. Autorizó una prestación sanitaria específica, fundada en la prueba profesional incorporada y limitada al objeto de la controversia.
En el caso argentino, la Cámara confirmó una restricción temporal de acercamiento y comunicación. Para ello, valoró la evolución del niño, los informes actualizados y las circunstancias que, según el equipo interviniente, impedían restablecer el contacto sin comprometer los avances alcanzados.
Un aspecto jurídicamente significativo de esta última decisión es que la continuidad de una medida preventiva no fue condicionada a la aparición de un nuevo episodio de violencia. La Cámara consideró suficiente la persistencia de una situación de riesgo respaldada por elementos actuales, sin exigir que se produjera un nuevo daño para justificar la protección.
También reconoció la necesidad de preservar la confidencialidad de determinadas manifestaciones del niño, cuya reserva había sido solicitada por él mismo.
Este aspecto permite advertir que la participación infantil no consiste únicamente en habilitar espacios de escucha. También exige proteger las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes pueden expresarse con libertad y confianza, armonizando sus derechos con las garantías procesales de las demás personas involucradas.
La intensidad de las restricciones adoptadas en ambos casos pone de manifiesto otra exigencia.
Cuanto mayor sea la incidencia de una medida sobre la vida familiar, más rigurosa debe ser la justificación de su necesidad, proporcionalidad y duración.
El interés superior del niño no constituye una autorización genérica para desplazar decisiones parentales ni para restringir vínculos familiares. Su aplicación exige examinar las circunstancias individuales, la prueba disponible, los riesgos identificados y las alternativas de intervención.
En esta tarea, los equipos interdisciplinarios proporcionan conocimientos indispensables para comprender situaciones que exceden la formación jurídica. La judicatura debe valorar esos aportes y motivar sus decisiones, sin sustituir el conocimiento especializado ni delegar en él la responsabilidad de resolver.
La temporalidad y la revisión de las medidas adquieren particular importancia. Una restricción destinada a proteger no debería convertirse, por su sola prolongación, en una situación definitiva ajena a las necesidades cambiantes de la persona protegida.
La cuestión central no consiste en confrontar los derechos de los progenitores con los de sus hijos como si fueran necesariamente incompatibles.
Consiste en determinar cuándo el ejercicio de la función parental requiere acompañamiento, adecuaciones o límites para garantizar los derechos de quienes se encuentran bajo su cuidado.
Reflexión final
Cuidar supone acompañar, orientar y tomar decisiones. También requiere reconocer que nuestras convicciones pueden necesitar revisión cuando sus consecuencias afectan a otras personas.
Los casos examinados muestran que la intervención judicial puede ser necesaria aun cuando existan vínculos afectivos significativos. Pero también recuerdan que toda restricción debe responder a circunstancias comprobadas, respetar las garantías y mantenerse dentro de los límites que justifican su adopción.
En la función parental, como en la judicial, la convicción de estar actuando correctamente no exime de examinar las consecuencias de nuestras decisiones.
El afecto merece reconocimiento. La autonomía familiar, respeto. Y los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantías efectivas.
Quizás uno de los desafíos más difíciles del cuidado sea reconocer que nuestras decisiones, incluso aquellas nacidas del amor, también pueden necesitar límites.
[2] https://www.diariojudicial.com/news-104854-la-madre-no-puede-ni-acercarse-ni-llamar
