La sextorsión es una manifestación de corrupción en la que el abuso de poder se traduce en la demanda de favores sexuales como condición para otorgar servicios, beneficios o derechos. En lugar de dinero, el «pago» exigido es de naturaleza sexual, convirtiendo esta práctica en una combinación devastadora de violencia sexual y corrupción.
Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, quienes se enfrentan a decisiones imposibles y a menudo silencian su sufrimiento por temor o desprotección.
El llamado de las instituciones internacionales
En 2022, la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) propuso una recomendación crucial: que los países miembros legislen la sextorsión como una forma específica de corrupción. Esta propuesta fue aprobada por la Asamblea General de la AIAMP, marcando un avance significativo en el reconocimiento de esta problemática.
Por su parte, la X Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP10) también exhortó a los Estados a reconocer este abuso como corrupción y a incluirlo en sus ordenamientos jurídicos internos. Este llamado es un paso clave para visibilizar la práctica y crear mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.
¿Por qué es urgente legislar?
En muchos países, la sextorsión aún no está tipificada de manera específica, lo que dificulta su denuncia y sanción. Reconocerla como una forma de corrupción:
- Da visibilidad a las víctimas.
- Fortalece los marcos legales para combatir este abuso.
- Promueve una cultura de denuncia y protección.
Argentina, a través de iniciativas como la campaña del Foro FIAs y OAs, ha comenzado a trabajar en este frente. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar que ninguna persona se vea forzada a elegir entre su dignidad y sus derechos.
La sextorsión no es solo un acto de corrupción; es una violación de los derechos humanos que socava la confianza en las instituciones. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de exigir legislaciones claras y sistemas de denuncia seguros.
