El artículo «Revolución legal: La era de la inteligencia artificial en el derecho», escrito por Felipe Aráoz, analiza cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando la práctica legal, sus oportunidades y los desafíos que conlleva su implementación en el sistema de justicia.

Puntos clave del artículo:

  1. Automatización de tareas legales:
    • La IA facilita la revisión de contratos, análisis de documentos y búsqueda de jurisprudencia, reduciendo costos y tiempos en los estudios jurídicos.
    • Empresas como Lawgeex y CS Disco están revolucionando el procesamiento legal con IA.
  2. Capacidad predictiva en litigios:
    • Herramientas como Lex Machina permiten prever el resultado de juicios analizando patrones judiciales.
    • Sin embargo, el uso de IA en decisiones judiciales (ej. sistema COMPAS en EE.UU.) plantea riesgos de sesgo algorítmico y falta de transparencia.
  3. Accesibilidad al derecho:
    • Plataformas como Rocket Lawyer y LegalZoom democratizan el acceso a servicios legales básicos.
    • La IA puede ayudar a personas sin recursos a entender sus derechos, aunque su uso debe ser supervisado por profesionales.
  4. Desafíos y riesgos:
    • Sesgos algorítmicos: Si la IA se entrena con datos discriminatorios, puede replicar y reforzar prejuicios en decisiones legales.
    • Transparencia y ética: Se requiere un marco normativo claro para establecer responsabilidad en decisiones tomadas con IA.
    • Reducción de empleos: Según estudios de Goldman Sachs y McKinsey, hasta el 44% de las tareas legales podrían automatizarse, afectando empleos administrativos en el sector.
  5. El papel del abogado en la era de la IA:
    • La IA no reemplazará habilidades como la empatía, estrategia y creatividad en la práctica legal.
    • Richard Susskind sostiene que los abogados deberán aprender a trabajar con IA para mejorar la eficiencia y ofrecer mejores servicios.

Conclusión

La IA representa un cambio disruptivo en el derecho, optimizando procesos y haciendo la justicia más accesible. Sin embargo, su uso debe ser ético, regulado y supervisado para evitar desigualdades y garantizar la confianza en el sistema legal.