La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos familiares complejos, es un desafío constante para el sistema judicial argentino. La reciente sentencia[1] en el caso A. K. E. Y. vs. A. A. E. marca un precedente en el abordaje de la responsabilidad parental al evaluar la situación de una madre y su hija en el contexto de pobreza, violencia de género y vulnerabilidad múltiple. Este caso pone en evidencia la importancia de una interpretación jurídica que integre un cruce entre la perspectiva de niñez, género y de derechos humanos. Una mirada integral, donde el interés superior del niño sea una prioridad sin comprometer los derechos de la madre.
La Perspectiva de Género en la determinación del Interés Superior del Niño
Uno de los ejes centrales en este fallo ha sido el enfoque en la perspectiva de género. La jueza enfatiza cómo las condiciones sociales y las experiencias de vida de la progenitora, incluidas las situaciones de abuso sexual y violencia de género, inciden en su capacidad para ejercer su rol materno. El tribunal reconoce que la situación de vulnerabilidad de la madre no puede ser motivo para la privación automática de la responsabilidad parental, sino un elemento para abordar desde el acompañamiento y la protección estatal.
Derecho a vivir en familia y vinculación fraternal: un Derecho Humano fundamental
La decisión del tribunal establece que el derecho de la niña a vivir en un entorno familiar debe prevalecer, siempre que se implementen las medidas necesarias para asegurar un ambiente seguro. La sentencia destaca que la continuidad del vínculo materno-filial, además de la preservación de los lazos con los hermanos, es fundante para el desarrollo de la identidad de la niña y su bienestar emocional, en consonancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otras normativas internacionales.
Medidas de protección y acompañamiento estatal: el rol del Estado en la protección de la familia[2]
El tribunal ordena un plan de «maternidad asistida» como una estrategia de intervención que permite a la progenitora cumplir su rol materno, recibiendo apoyo institucional y comunitario. Esto incluye tratamiento psicológico, intervención social y medidas de acompañamiento de la Dirección de Políticas de Género, entre otros. La implementación de estas medidas refuerza el principio de que el Estado debe facilitar que las familias en situación de vulnerabilidad reciban el apoyo necesario para preservar el vínculo familiar.
El desafío de una Justicia con perspectiva de Derechos Humanos
Este fallo muestra que una Justicia con perspectiva de Derechos Humanos no solo protege al niño, sino que también respeta la dignidad y los derechos de los padres. Al reconocer la intersección de múltiples factores de vulnerabilidad en la vida de la madre, la sentencia evita una lectura reduccionista y ofrece una respuesta integral.
Reflexión Final
Este caso representa un avance en la protección de los Derechos Humanos dentro del sistema judicial argentino, especialmente en situaciones que involucran a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Al priorizar la preservación del vínculo familiar y garantizar el acompañamiento necesario, se reafirma el compromiso de una Justicia que no solo imparte leyes, sino que también responde a las complejidades de la vida humana con sensibilidad y responsabilidad.
[1] Cámara Civil y Comercial, Necochea, Buenos Aires: “A. K. E. Y. (Asesoría de Incapaces N° 1) vs. A. A. E. s. Privación/suspensión de la responsabilidad parental, 26/09/2024; Rubinzal Online /// RC J 11207/24
[2] Pacto de San José de Costa Rica, articulo 17; Constitución Nacional, artículo 14
