San Miguel de Tucumán, noviembre de 2026. Las prácticas restaurativas en la escuela son una forma de organizar la convivencia a través del diálogo, la escucha y la reparación del daño. La Ley 26.892 ya recoge su contenido, aunque no use esa expresión. Por eso no suman obligaciones nuevas a las escuelas: les ofrecen herramientas para cumplir las que ya tienen.
Esa fue la idea central de la conferencia que dictó la jueza de Familia, Niñez, Género y Sucesiones de Monteros y Doctora en Derechos Humanos, Mariana Rey Galindo. Se titula “Qué le toca a la escuela. Convivencia, protección de derechos y prácticas restaurativas desde el sistema de protección integral”. La dictó en el ciclo “La convivencia en las escuelas municipales y su responsabilidad en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
¿Qué le corresponde hacer a la escuela ante un conflicto de convivencia?
Según plantea Rey Galindo, la escuela es un integrante corresponsable del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley 26.061, art. 32). En ese lugar, sostiene en el texto de su conferencia, “su función es proteger, educar y comunicar; no investigar ni juzgar”.
Esto significa que la escuela aborda los conflictos cotidianos con sus propias herramientas: acuerdos de convivencia, prácticas restaurativas y sanciones formativas. Cuando advierte una vulneración de derechos, comunica a la autoridad de protección. Comunicar no es acusar. Es activar el circuito de protección (Ley 26.061, arts. 9 y 30).

¿Qué piden los docentes?
La conferencia se apoyó en una encuesta respondida por 98 docentes en el marco del ciclo. Es un relevamiento no probabilístico, con valor indicativo y no representativo. La necesidad más señalada, en los niveles inicial, primario y secundario, fue contar con protocolos claros de actuación (34,7 %). Le siguieron la participación de las familias (16,3 %), las herramientas para resolver conflictos mediante el diálogo (14,3 %) y el tiempo y los espacios institucionales para trabajar la convivencia (11,2 %).
Entre las situaciones más difíciles de abordar, los docentes mencionaron en primer lugar la conflictividad centrada en la familia y la desatención (37,8 %). En segundo lugar mencionaron la violencia, el acoso y el hostigamiento entre pares (27,6 %).
¿Las prácticas restaurativas son una obligación nueva para las escuelas?
No. La Ley 26.892 de convivencia escolar establece como principios el diálogo, el derecho del estudiante a ser escuchado, el sentido formativo de las sanciones y el reconocimiento y la reparación del daño (art. 2). También prohíbe las sanciones que impidan la continuidad escolar (art. 7). “Cuando una escuela trabaja con diálogo, escucha y reparación, no está siendo indulgente ni improvisando una pedagogía alternativa. Está cumpliendo la ley”, afirma la jueza.
El enfoque tiene límites precisos. No elimina la sanción y exige condiciones: voluntariedad, reconocimiento de responsabilidad, un daño real que reparar y equilibrio de poder entre las partes. El acoso no se media como un conflicto entre iguales. Y nunca sustituye el deber de comunicar.
¿Cómo ordenar la intervención escolar?
Rey Galindo propuso una matriz que distingue tres situaciones, cada una con su propio circuito:
- Conflicto de convivencia: lo aborda la escuela con sus herramientas.
- Vulneración de derechos de un estudiante: la escuela escucha sin interrogar, registra, informa a la dirección y comunica a la autoridad de protección.
- Hecho grave que excede a la escuela: resguarda a las personas, sigue el protocolo institucional y deriva por las vías que correspondan, sin investigar ni calificar el hecho.
En los tres casos hay dos constantes: la continuidad educativa del estudiante y el trabajo con la familia. La conferencia también señaló cuatro brechas que las normas por sí solas no cierran: tiempo institucional, formación docente, articulación local y mecanismos de queja accesibles para los estudiantes.
“Para muchos niños, la escuela es la primera institución en la que experimentan si un daño es reconocido y si quien lo causó puede hacerse cargo de él”, concluye el trabajo.
El contenido completo de la conferencia está disponible en la sección Doctrinas de autor de este sitio.
Preguntas frecuentes
¿Qué le corresponde hacer a la escuela ante un conflicto de convivencia?
Proteger, educar y comunicar. La escuela no investiga ni juzga. Aborda los conflictos con acuerdos de convivencia, prácticas restaurativas y sanciones formativas. Ante una vulneración de derechos, comunica a la autoridad de protección (Ley 26.061, arts. 9 y 30).
¿Qué son las prácticas restaurativas en la escuela?
Son un modo de construir comunidad y responder a los conflictos mediante el diálogo. Preguntan qué pasó, a quién afectó y qué necesita cada parte para reparar el daño y recomponer la relación.
¿Las prácticas restaurativas obligan a las escuelas a hacer algo nuevo?
No. La Ley 26.892 ya consagra sus elementos: diálogo, escucha, sanción formativa y reparación del daño. Las prácticas restaurativas dan herramientas para cumplir esas obligaciones.
¿Cuándo no corresponde aplicarlas?
Cuando no se dan las condiciones de procedencia: voluntariedad, reconocimiento de responsabilidad, daño real y equilibrio de poder. Tampoco se aplican al acoso como si fuera un conflicto entre iguales, ni reemplazan el deber de comunicar.
