En la era digital, donde la conectividad y el acceso a la información han revolucionado nuestras vidas, también han surgido nuevas amenazas que vulneran nuestra privacidad e intimidad. Entre estos peligros se encuentran la sextorsión y la pornovenganza. Estos delitos han ido en aumento, afectando principalmente a mujeres y jóvenes.
La sextorsión consiste en extorsionar a la víctima mediante la amenaza de divulgar contenido íntimo para obtener un beneficio.
La pornovenganza se refiere a la difusión de ese material con el fin de humillar y dañar a la persona.
El mayor problema es que, en Argentina, las leyes actuales no contemplan específicamente estos delitos, lo que deja a las víctimas desprotegidas y a los agresores con sanciones insuficientes o inadecuadas. Esto no es solo una vulnerabilidad en el sistema legal, es una tragedia para quienes confían en que las instituciones los defenderán. Hubo noticias desbastadoras al respecto.
¿Hasta cuándo? Las víctimas viven con el miedo constante de que, en cualquier momento, su privacidad sea violada de la manera más cruel posible. De hecho, en materia cinematográfica, Patricia Franquesa protagoniza un film (Diario de mi sextorsión, 2024) contando su propia historia como víctima de un chantaje sexual y su lucha por retomar el control del relato de su vida.
En Argentina, existe la Ley Olimpia que es una herramienta preventiva. Pero no alcanza.
Existen movimientos legislativos que buscan llenar este vacío legal, como los proyectos de ley que buscan tipificar tanto la sextorsión como la pornovenganza en el Código Penal argentino. Estas propuestas buscan sancionar de manera clara y efectiva estas conductas, garantizando que las víctimas puedan encontrar justicia y que los perpetradores enfrenten consecuencias acordes a la gravedad de sus actos.
Estas trasgresiones no son solo ataques a la privacidad, son agresiones a la dignidad humana. La regulación específica de la sextorsión y la porno venganza no es solo una necesidad legal; es un imperativo ético y social que Argentina no puede permitirse ignorar.
La adopción de leyes detalladas y explícitas para estos delitos digitales representa un paso decisivo hacia la protección de los derechos fundamentales de las personas, en especial su intimidad y dignidad, que son a menudo vulnerados en estos contextos.
