¿Cómo impacta el sector empresarial en los Derechos del Niño?
O bien, ¿qué incidencias tendrían los derechos del niño en el mundo empresarial?
Estas preguntas nos llevan a un punto neurálgico: las actividades empresariales, en el mundo globalizado, influyen directa o indirectamente en la vida de los niños. Desde las políticas de trabajo infantil hasta las decisiones que afectan al entorno, las empresas tienen un rol central en la protección (o vulneración) de los derechos de los niños.
En las próximas líneas, me propongo invitar a que se haga un breve recorrido en esa relación, destacando cómo las empresas y los Estados pueden trabajar juntos para asegurar que el interés superior del niño esté siempre presente en el desarrollo económico.
Impactos e incidencias
La creciente globalización y el carácter expansivo del sector empresarial han generado efectos tanto positivos como negativos en los derechos del niño. Si bien las empresas pueden ser motores de innovación y creación de empleo decente, su influencia no siempre se traduce automáticamente en beneficios para los niños. Entonces, ¿cómo se regula el impacto de estas actividades en los derechos de los más jóvenes?
De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño[1], los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades empresariales respeten y promuevan los derechos de los niños. Esto incluye desde protegerlos contra productos peligrosos y condiciones laborales abusivas hasta asegurarse de que no sean afectados negativamente por la contaminación ambiental y la explotación económica.
El sector empresarial incluye a todas las empresas, tanto nacionales como transnacionales, independientemente de su tamaño, sector de actividad, localización, propiedad y estructura. La observación general también se ocupa de las obligaciones con respecto a las organizaciones sin fines de lucro que intervienen en la prestación de servicios que son fundamentales para el disfrute de los derechos del niño.
Uno de los puntos decisivos es que las empresas tienen un papel central como agentes de cambio en la sociedad, pero deben operar bajo un marco de responsabilidad social que no comprometa la vida, la supervivencia y el desarrollo integral de los niños.
El principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe ser una consideración primordial en las decisiones empresariales y estatales que puedan afectarlos, tanto directa como indirectamente.
¿Qué significa esto en la práctica?: Obligaciones del Estado en contextos específicos
Los Estados deben adoptar medidas legislativas y de políticas públicas para garantizar que las empresas no violen los derechos del niño, y deben regular sectores clave como la publicidad, la tecnología y el medio ambiente. Además, los mecanismos de reparación y justicia deben ser accesibles para los niños cuando sus derechos sean vulnerados por empresas, incluso en contextos transnacionales.
El Estado tiene un rol transcendental en la protección de los derechos del niño frente a las actividades empresariales, y esto se extiende de manera especial a ciertos contextos donde la vulnerabilidad del colectivo de niñez y adolescencia es más pronunciada. Estas obligaciones no se limitan a la regulación de actividades empresariales dentro de sus fronteras, sino que también incluyen la responsabilidad de garantizar que las empresas bajo su jurisdicción, independientemente de dónde operen, no violen los derechos de los niños.
Por ejemplo, en contextos de publicidad dirigida a niños, el Estado debe asegurarse de que las empresas actúen con transparencia y eviten la manipulación psicológica o la exposición a contenido inapropiado.
En el ámbito de la tecnología y redes sociales, se requiere la creación de marcos normativos que regulen el acceso de los niños a estas plataformas, protegiendo su privacidad y evitando la explotación de sus datos.
Asimismo, en situaciones de trabajo infantil, el Estado debe intervenir para asegurar que ninguna empresa se beneficie de prácticas que exploten la mano de obra infantil, imponiendo sanciones a aquellas que lo hagan y promoviendo condiciones de trabajo dignas para sus familias[2].
En todos estos contextos, el Estado tiene la obligación de aplicar un enfoque basado en los derechos humanos que garantice que las empresas operen de manera responsable, tanto en el ámbito local como internacional.
En conclusión:
Las Buenas Prácticas Empresariales son un factor determinante para generar las mejores condiciones de crecimiento conjunto en la sociedad o comunidad donde se desarrollen.
Si bien es el Estado quien asume las obligaciones que impone la Convención, la tarea de su puesta en práctica debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas, la sociedad civil y los propios niños
Las empresas tienen la oportunidad de integrar un enfoque de respeto a los derechos de los niños en sus actividades, lo que no solo beneficia a la niñez, sino que también fortalece su reputación y contribuye al desarrollo social. Por otro lado, la sociedad civil, junto con las organizaciones independientes, debe mantener una vigilancia activa para garantizar que las empresas respeten estos derechos.
Los Estados deben crear las condiciones necesarias para que haya una sociedad civil activa y vigilante, incluido el apoyo y la colaboración eficaz con las organizaciones independientes de la sociedad civil, las organizaciones dirigidas por niños y por jóvenes, el mundo académico, las cámaras de comercio e industria, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y las instituciones profesionales. Los Estados deben abstenerse de interferir en esas y otras organizaciones independientes y facilitar su participación en las políticas y los programas públicos relacionados con las empresas y los derechos del niño.
En este contexto, los desafíos y las oportunidades se entrelazan, puesto que, la protección de los derechos del niño es una responsabilidad compartida.
[1] Observación General Nº 16/2013
[2] Ob.Gral. Nº 16/2013
