Una reciente investigación del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) revela que el 60% de las denuncias por violencia machista institucional en España señalan directamente a jueces como responsables. Este dato no es aislado. A modo de ejemplo, en Bolivia, el caso de Richard Choque. En México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial de casos de violencia contra las mujeres.
Estos datos nos invitan a reflexionar profundamente sobre el papel de las instituciones en la perpetuación de las violencias, en la que se incluye la de género. Cuando las personas, al buscar justicia, enfrentan respuestas que revictimizan o desestiman su experiencia, se evidencia una falla estructural en el sistema.
¿Desde qué lugar podemos pensar estas cifras y datos?
En mi opinión, desde la responsabilidad colectiva de construir un sistema que no solo sea imparcial, sino también sensible y comprometido con la erradicación de la violencia que busca erradicar. La justicia debe ser parte de la solución, no del problema.
Para preguntarnos: ¿Estamos, como sociedad y como operadores del derecho, garantizando un acceso real y efectivo a la justicia para las víctimas de violencias? ¿O estamos, quizás sin intención, reforzando dinámicas que silencian y desprotegen?
Datos como estos no pueden pasar desapercibidos. Noticias de este tipo deberían interpelarnos con fuerza: es urgente revisar nuestras prácticas, promover una conciencia crítica, escuchar activamente y comprometernos —de una vez por todas— con una justicia que repare en lugar de dañar.
https://cidh.oas.org/women/Acceso07/cap1.htm?utm_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Choque
