La centralidad de la niñez en la justicia

De los derechos reconocidos a las garantías que transforman el proceso judicial

¿Qué cambia en la justicia cuando niñas, niños y adolescentes dejan de ser considerados únicamente destinatarios de protección y son reconocidos como protagonistas de sus propios derechos?

La Convención sobre los Derechos del Niño modificó sustancialmente la posición jurídica de niñas, niños y adolescentes frente al Estado, las instituciones y los sistemas de justicia.

Su reconocimiento como sujetos de derechos exige abandonar prácticas que reducen su intervención a la condición de destinatarios de decisiones adoptadas exclusivamente desde la perspectiva adulta.

Sin embargo, la incorporación de estos principios en los ordenamientos jurídicos no garantiza, por sí sola, su aplicación efectiva.

La distancia entre el reconocimiento normativo y las prácticas judiciales plantea una cuestión central.

No alcanza con que la justicia reconozca los derechos de la niñez. También debe organizarse y actuar de manera compatible con ellos.

La centralidad como exigencia jurídica, no como declaración de principios

Situar a niñas, niños y adolescentes en el centro de la justicia supone reconocer que son titulares de derechos propios, con intereses, opiniones y necesidades que deben recibir una consideración individualizada en los procedimientos que los afectan (mandato convencional)

Las disposiciones de los artículos 3 (Interés Superior del Niño) y 12 (derecho a ser oído) son complementarias. No son ornamentaciones. NO resulta jurídicamente suficiente invocar el interés superior del niño sin garantizar las condiciones necesarias para conocer y valorar su perspectiva.

La centralidad de la niñez tampoco puede reducirse a una audiencia o a la incorporación de sus manifestaciones en un expediente.

La centralidad implica continuidad de garantías durante el proceso:  derecho a participar real y protagónicamente, derecho a recibir y comprender información accesible, a contar con asistencia adecuada, a expresar opiniones libremente, a intervenir en condiciones compatibles con la autonomía progresiva y comprender las decisiones que afectan la propia vida.

Derecho a ejercer derechos.

La centralidad exige hablar de derechos en serio.  De conceder seriedad a los derechos y las garantías para quienes históricamente han tenido mayores dificultades para ejercerlos.

Desde esta perspectiva, la Justicia Centrada en Niñez constituye una forma de comprender el funcionamiento integral del sistema de protección.

Cuando el proceso debe adaptarse a sus protagonistas

Uno de los cambios más relevantes consiste en reconocer que los procedimientos judiciales fueron diseñados, en gran medida, para personas adultas.

Sus tiempos, lenguajes, formalidades y mecanismos de participación no siempre responden a las condiciones de niñas, niños y adolescentes.

Las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los niños, adoptadas en 2010, y el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Garantias del Sistema de Protección, del 2017, proponen garantizar sus derechos antes, durante y después de los procedimientos judiciales.

Esta perspectiva exige examinar cómo ingresan al sistema de justicia, qué información reciben, en qué condiciones participan, de qué manera se valoran sus opiniones y cómo conocen las decisiones adoptadas.

La adecuación procesal adquiere así una dimensión sustantiva. No representa una concesión de trato preferencial, sino una condición para asegurar el ejercicio efectivo de derechos y garantías.

También requiere prestar atención a las barreras que pueden derivarse de la edad, el género, la discapacidad, las condiciones sociales o culturales y otras circunstancias que inciden sobre el acceso a la justicia.

Un procedimiento formalmente idéntico para todas las personas no necesariamente garantiza igualdad en las posibilidades reales de participación.

A ello se suma una dimensión especialmente relevante, el tiempo procesal. En los asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes, las demoras judiciales pueden producir consecuencias que exceden la duración del procedimiento. Los vínculos se transforman, las circunstancias familiares cambian y las etapas del desarrollo transcurren mientras la respuesta judicial permanece pendiente.

Sin embargo, la celeridad no garantiza, por sí sola, una decisión justa. Resolver rápidamente no equivale necesariamente a resolver adecuadamente. La urgencia no debe desplazar las garantías procesales, del mismo modo que su observancia no puede justificar dilaciones innecesarias. El tiempo procesal exige encontrar un equilibrio entre la oportunidad de la respuesta y la calidad de la decisión.

Los tiempos de niñas, niños y adolescentes merecen una consideración particular, acorde con sus procesos de desarrollo y sus circunstancias individuales. Un año en la vida de un niño de un año representa toda su existencia. Para el mundo adulto, quizás sea apenas un intervalo. Esa diferencia obliga a comprender que el transcurso del tiempo no tiene las mismas consecuencias para todas las personas y que, en determinados procesos, la demora puede modificar profundamente aquello que la justicia está llamada a proteger.

Respetar el tiempo de la infancia no significa decidir con apresuramiento, sino evitar que el tiempo judicial termine decidiendo por nosotros.

Por otra parte, el deber de fundamentación exige establecer una relación expresa y verificable entre la escucha y la decisión judicial. No basta con dejar constancia de que niñas, niños y adolescentes fueron oídos. Es necesario explicar cómo se valoraron sus opiniones, qué incidencia tuvieron en la solución adoptada y, cuando esta se aparte de lo expresado, cuáles son las razones concretas y suficientes que justifican esa diferencia. La escucha constituye una garantía de participación cuya efectividad debe poder reconocerse en la motivación de la decisión.

Una justicia centrada en niñez debe permitir reconocer, en cada etapa del proceso, cómo se hicieron efectivos los derechos que declara proteger.

Pautas finales. De la centralidad declarada a la centralidad efectiva

La transformación de las prácticas judiciales requiere compromisos concretos.

• Primero. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos con derechos procesales propios, y no únicamente como personas involucradas en conflictos entre adultos.
• Segundo. Garantizar condiciones de acceso, información, asistencia y participación adecuadas a sus circunstancias individuales.
• Tercero. Revisar los procedimientos para identificar barreras, estereotipos y prácticas que puedan limitar el ejercicio efectivo de sus derechos.
• Cuarto. Exigir decisiones suficientemente motivadas, que permitan comprender cómo se valoraron sus opiniones y los elementos relevantes para determinar su interés superior.
• Quinto. Incorporar mecanismos de evaluación que permitan examinar la efectividad de las garantías procesales, sin conformarse con verificar su cumplimiento formal.

UN MANIFIESTO:  JUSTICIA CENTRADA EN NIÑEZ y la CENTRALIDAD DE LA NIÑEZ EN LA JUSTICIA

1. La centralidad de la niñez debe traducirse en obligaciones verificables y no quedar reducida a una declaración de compromiso institucional.
2. Su realización compromete tanto a quienes adoptan decisiones como a quienes intervienen en el desarrollo del procedimiento, producen información, prestan asistencia y ejecutan las medidas dispuestas. Cada actuación puede favorecer el ejercicio de un derecho o convertirse en un obstáculo para su efectividad.
3. La calidad de la respuesta judicial no puede evaluarse exclusivamente por la corrección jurídica de la sentencia. También importa examinar las condiciones en que se desarrolló el proceso, las oportunidades reales de participación, el respeto por los tiempos de la infancia, la consideración de sus opiniones y la posibilidad de comprender y cuestionar lo decidido.
4. Esto exige asumir que las garantías procesales no son exigencias externas a la protección de los derechos, sino parte constitutiva de ella. Una decisión adoptada con finalidad protectora no queda exenta del deber de respetar el debido proceso, justificar las restricciones que impone y asegurar que la persona cuyos derechos están comprometidos pueda ejercerlos efectivamente.
5. La Justicia Centrada en Niñez requiere, por tanto, revisar no solamente qué decidimos, sino cómo llegamos a decidir, qué lugar tuvieron niñas, niños y adolescentes durante ese recorrido y qué consecuencias concretas produce la respuesta institucional en sus vidas.
6. La centralidad de la niñez se verifica cuando sus derechos condicionan efectivamente el diseño del proceso, orientan la actuación de sus operadores y encuentran expresión en las razones y los efectos de la decisión judicial.
7. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos durante todo el proceso y no únicamente al momento de resolver.