El documento recopila tres fallos de gran trascendencia que condenan al Estado argentino y fijan estándares imperativos para los poderes judiciales provinciales:
- Caso Iglesias y otros vs. Argentina (noviembre de 2025): Originado por el fallecimiento de una niña de 6 años tras el colapso de una escultura en un espacio público. La CorteIDH determina la obligación estatal de regular y fiscalizar de forma estricta las actividades privadas que impliquen riesgos. Asimismo, define el rol del juez como rector del proceso, obligándolo a usar sus poderes correctivos para evitar que las maniobras dilatorias de las defensas deriven en la prescripción de la acción y en la consecuente impunidad. Introduce, además, el concepto de daño autónomo al «proyecto de vida» por el truncamiento definitivo del rol parental.
- Caso Zambrano, Rodríguez y otros vs. Argentina (agosto de 2025): Relativo a la desaparición forzada y ejecución de dos personas en Mendoza a manos de la policía. Fija la obligación de respuesta judicial pronta ante sospechas de desaparición y condena la ineficacia formalista de rechazar recursos de habeas corpus basándose únicamente en la negativa policial. Reconoce, de forma paralela, la violación autónoma del derecho a la verdad.
- Caso Lynn vs. Argentina (julio de 2025): Establece que las garantías del debido proceso y la defensa técnica son plenamente aplicables al ámbito disciplinario penitenciario. Exige a los jueces de ejecución penal abandonar la práctica de convalidar automáticamente los actos de la administración penitenciaria.
Observaciones Finales de Comités de Naciones Unidas (2025-2026)
El segundo apartado sistematiza las alertas e instrucciones técnicas emitidas para la judicatura local:
- Comité de los Derechos del Niño: Valora la capacitación obligatoria de la Ley Lucio (Ley 27.709), pero alerta sobre la falta de defensorías provinciales y exige garantizar de forma efectiva el derecho de los NNA a ser escuchados.
- Comité Contra la Tortura (CAT): Alerta sobre injerencias a la independencia judicial (acciones penales del Ejecutivo contra magistrados) y exige la aplicación obligatoria de los Protocolos de Estambul y Minnesota ante violencia institucional.
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2026): Expresa profunda preocupación por la regresión normativa que desincentiva la capacitación en género (Resolución 376/2025 del Ministerio de Justicia) y por la disolución de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Recomienda reinstaurar la obligatoriedad de la perspectiva de género para los ascensos judiciales y acelerar la paridad ante el «techo de cristal» en los puestos jerárquicos.