Igualdad de género pendiente: 64 %.
Ese es el porcentaje de derechos legales que, a escala global, tienen reconocidos las mujeres en comparación con los hombres.
El dato surge de ONU Mujeres y obliga a detenerse: ningún país del mundo ha alcanzado la plena igualdad jurídica para mujeres y niñas.
La brecha no es solo normativa. También es práctica.
Según el informe citado por ONU Mujeres, en el 54 % de los países la violación todavía no se define sobre la base del consentimiento. Además, en casi 3 de cada 4 países la legislación nacional todavía permite obligar a una niña a casarse.
También persisten desigualdades económicas: en el 44 % de los países, la ley no establece la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.
Las leyes importan. Nombran derechos. Ordenan obligaciones. Abren caminos institucionales.
Pero una ley que no se implementa, que no llega al territorio, que no modifica prácticas o que no logra remover barreras concretas, puede convertirse en una promesa incompleta.
Por eso, hablar de igualdad jurídica exige mirar también el acceso a justicia.
Los tiempos. Los costos. Los estereotipos. La violencia institucional. La falta de información. La respuesta estatal tardía. La ausencia de reparación.
Y las barreras que se multiplican cuando se cruzan género, edad, pobreza, discapacidad, ruralidad, migración o pertenencia étnica.
La igualdad no se agota en la existencia de una norma. Necesita instituciones capaces de hacerla operativa.
Necesita presupuesto. Necesita capacitación. Necesita datos. Necesita sistemas que escuchen, protejan y reparen.
En materia de derechos humanos, la distancia entre reconocer y garantizar no es un detalle técnico. Es el lugar donde muchas vidas quedan esperando.
Por eso, la pregunta de fondo no es solo qué derechos reconoce un país.
La pregunta es qué hace para que puedan ejercerse sin miedo, sin obstáculos y sin desigualdad.
Invito a leer el informe de ONU Mujeres aquí
