Cuando hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es frecuente que la mirada se dirija inmediatamente al Estado.
Y es correcto.
Pero no es suficiente.
La garantía de esos derechos no recae en un único actor.
Es una tarea compartida.
Familia, Estado, escuela, comunidad.
Cada uno con un rol distinto, pero todos con responsabilidad.
Porque los derechos no se aseguran solo desde la norma ni desde una decisión aislada.
Se sostienen en las prácticas cotidianas, en los vínculos, en las respuestas concretas que se dan frente a cada situación.
Hablar de co-responsabilidad implica asumir que nadie puede correrse completamente de ese compromiso.
Y que, en esa red de intervenciones, cada acción —o cada omisión— deja consecuencias.
¿Desde qué lugar asumimos esa responsabilidad en lo cotidiano?
