Los debates suscitados en estos últimos días —sobre las falsas denuncias a partir de las declaraciones de niños— nos invitan a mirar con seriedad una cuestión tan delicada como vigente:
¿Cómo garantizamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos sin que eso se transforme en un riesgo para ellos mismos?
Desde la praxis, una de las tareas más sensibles no es dictar una sentencia, sino generar las condiciones para que una niña o un niño pueda hablar sin miedo, sin presión, sin sentirse evaluado.
El derecho a ser oído es más que un protocolo:
Es un escenario de respeto.
Es una decisión ética.
Es una oportunidad de proteger sin invadir.
Noticias recientes vuelven a señalarnos que ‘escuchar’ no es lo mismo que ‘obligar a declarar’.
Y que dar la palabra no es lo mismo que ceder la responsabilidad.
Porque cuando la escucha no es adaptada, respetuosa ni voluntaria, deja de ser un derecho y puede transformarse en una nueva forma de daño.
Lo explica con claridad esta nota de Infobae
“El derecho a ser escuchado no puede volverse un riesgo para los niños”
Una lectura necesaria. Una práctica aún más urgente.
