La justicia contemporánea atraviesa una tensión silenciosa y cada vez más visible.
Durante mucho tiempo, la autoridad judicial descansó principalmente en la investidura, en las normas y en la estructura institucional que rodea la función jurisdiccional.
Los contextos sociales van cambiando.
Hoy, las decisiones judiciales ya no son observadas únicamente desde el plano jurídico.
También son interpretadas socialmente en escenarios atravesados por exposición pública, circulación inmediata de opiniones y altos niveles de sensibilidad institucional.
En ese contexto, la imparcialidad deja de ser solamente una exigencia normativa. También pasa a involucrar la confianza que las instituciones logran generar en la ciudadanía.
Ese cambio modifica la manera en que se construye legitimidad institucional.
Porque la confianza pública no se construye mediante espectacularización, sobreactuaciones ni respuestas frente a cada presión social o mediática.
Tampoco mediante el abandono de la prudencia que exige la función judicial.
Se construye, muchas veces, desde lugares menos visibles:
la coherencia;
la sobriedad;
la transparencia institucional;
el respeto por el debido proceso;
y la capacidad de sostener decisiones fundadas incluso en contextos de fuerte exposición.
El problema no surge únicamente cuando la imparcialidad se pierde.
También aparece cuando la sociedad deja de percibir que las instituciones actúan desde criterios objetivos y previsibles.
Por eso, uno de los desafíos más complejos del presente consiste en preservar simultáneamente dos dimensiones igualmente esenciales: la independencia judicial y la confianza pública.
Porque cuando la confianza pública se deteriora, las sentencias conservan fuerza jurídica.
Lo que comienza a resentirse es la credibilidad institucional indispensable para la estabilidad democrática.
