Más que una fórmula jurídica, es una brújula ética.
Significa que, en toda decisión —familiar, judicial o institucional—, la prioridad debe ser siempre el bienestar integral de cada niño, niña o adolescente.
Su aplicación requiere más que leyes: demanda sensibilidad, escucha y un análisis profundo de cada caso.
El interés superior del niño se expresa en tres dimensiones inseparables:
- Como derecho: garantiza que toda medida busque su desarrollo pleno.
- Como norma procesal: obliga a evaluar, justificar y fundamentar cada decisión.
- Como principio interpretativo: orienta la lectura del Derecho hacia lo humano.
A veces, proteger no es imponer.
Es comprender, acompañar y reconocer que la infancia tiene voz propia.
