Hay preguntas que no hacen ruido afuera,
pero se instalan adentro.
La duda sobre el propio origen no siempre se formula en palabras.
A veces aparece como incomodidad, como silencio, como una sensación persistente de no encajar del todo.
El derecho a saber no es solo un derecho jurídico.
Es un derecho humano esencial, ligado a la identidad, a la historia personal y al modo en que cada persona se piensa a sí misma en el mundo.
En Argentina lo conocemos como el «derecho a conocer los orígenes».
No implica necesariamente el derecho a la filiación, ni obliga a establecer un vínculo jurídico o afectivo.
Implica algo más elemental —y trascendente—: el derecho a acceder a la verdad sobre el propio origen.
Porque lo simbólico cuenta.
Y mucho.
¿Qué ocurre cuando la duda se anida en el interior y no encuentra respuesta?
¿Qué pasa cuando otros deciden que “no es necesario saber”?
¿Qué sucede cuando se afirma que los datos disponibles “son suficientes”, aun cuando algo no cierra?
La verdad —aun cuando no modifique el presente— permite ordenar el pasado.
Con esa verdad se construye el mapa identitario, ese entramado que da coherencia a la historia personal y habilita la construcción de la identidad.
Negar, ocultar o postergar esa información no neutraliza la pregunta:
la desplaza.
Y esa pregunta desplazada suele reaparecer en forma de angustia, de quiebre narrativo o de búsqueda tardía.
En nuestro país, este tema tiene una densidad singular.
La historia del proceso militar dejó una marca indeleble: personas privadas de su identidad, familias atravesadas por el silencio, generaciones enteras atravesadas por la ausencia de verdad.
Por eso, hablar del derecho a saber no es solo un debate jurídico contemporáneo. Es también una conversación social pendiente, que nos interpela como comunidad.
«Saber» no es romper vínculos.
Saber es habitar la propia historia.
Y cuando el derecho acompaña esa búsqueda, no invade: repara.
