La vulnerabilidad es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente cuando se trata de acceder a la justicia. Las 100 Reglas de Brasilia, aprobadas en 2008, ofrecen un marco técnico y jurídico para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan ejercer plenamente sus derechos.
En este artículo, exploraremos qué se considera vulnerabilidad, cómo se clasifica, cuáles son sus factores, y cómo se recomienda diseñar los dispositivos para el acceso a la justicia para estas personas.
¿Qué se considera vulnerabilidad?
Ser vulnerable implica fragilidad, una situación de amenaza o posibilidad de sufrir daño[1].
La vulnerabilidad social tiene su apoyo en diferentes observaciones comunitarias, como por ejemplo en el análisis de las condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambientes o situaciones socio-económicas colocan a las personas que los sufren. Así, el análisis de las condiciones de las víctimas de los desastres naturales, las situaciones de marginalidad y delincuencia, la discriminación racial o de género, la exclusión social, los problemas de salud mental, etc. llevan a la afirmación de que existen espacios de vulnerabilidad[2]. Estos espacios serían algo así como un clima o unas condiciones desfavorables que exponen a las personas a mayores riesgos, a situaciones de falta de poder o control, a la imposibilidad de cambiar sus circunstancias, y por tanto, a la desprotección.
Aplicado a lo jurídico, según las 100 Reglas de Brasilia, se considera en situación de vulnerabilidad a cualquier persona que, debido a su edad, género, discapacidad, estado de salud, etnia, situación económica o por encontrarse privada de libertad, entre otros factores, vea limitada su capacidad para ejercer plenamente sus derechos ante el sistema judicial.
La vulnerabilidad no es una característica fija, sino una condición que puede variar dependiendo del contexto social, económico o personal en el que la persona se encuentre.
En este sentido, el concepto de vulnerabilidad va más allá de la mera exclusión social o la pobreza; incluye a aquellos que, por su condición o circunstancia particular, enfrentan barreras adicionales para acceder a los mecanismos de justicia.
¿Cómo se clasifican las situaciones de vulnerabilidad?
El texto establece una clasificación de las personas vulnerables con el objetivo de identificar de manera más precisa sus necesidades específicas. Esta clasificación incluye:
- Personas vulnerables por su condición física o mental: Incluye a las personas con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, así como a aquellas con enfermedades crónicas o mentales.
- Personas vulnerables por su situación social o económica: Abarca a quienes viven en condiciones de pobreza extrema, desempleo o precariedad laboral, falta de acceso a educación, vivienda o servicios básicos.
- Personas vulnerables por su edad o género: Los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores y las mujeres en determinadas circunstancias (como violencia de género) se consideran particularmente vulnerables.
- Personas en situación de privación de libertad o migrantes: Quienes se encuentran detenidos, así como los migrantes y refugiados, enfrentan una especial situación de vulnerabilidad por las dificultades inherentes a su estatus legal.
Factores de vulnerabilidad de las personas
Las personas pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad por diversas razones. Entre los factores más comunes se destacan:
- Económicos: La falta de recursos económicos suficientes puede impedir el acceso a un abogado, la comprensión de los procedimientos judiciales, o incluso el traslado a una sede judicial.
- Sociales: La pertenencia a grupos marginados, la falta de redes de apoyo o la discriminación sistemática en función de etnia, género o religión.
- Personales: Factores relacionados con la discapacidad, el estado de salud mental o física, la falta de educación o incluso la barrera del idioma.
- Culturales: Diferencias culturales que dificultan la comprensión de los sistemas legales, en especial para las comunidades indígenas o migrantes que no dominan el idioma ni las normas locales.
¿Cómo se diseña el Acceso a la Justicia para las personas vulnerables?
El diseño del Acceso a la Justicia para las personas en situación de vulnerabilidad o contextos vulnerables requiere la implementación de medidas específicas que eliminen las barreras que enfrentan estos grupos.
Algunas de las recomendaciones de las 100 Reglas de Brasilia incluyen:
- Información accesible y clara: Es fundamental que las personas vulnerables comprendan sus derechos y los procesos judiciales a los que se enfrentan. Esto incluye proporcionar información en formatos accesibles, como el uso de lenguaje claro, traducción a lenguas indígenas o la adaptación para personas con discapacidades sensoriales.
- Asistencia legal gratuita: Garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita es esencial para las personas que no cuentan con los medios económicos suficientes para contratar un abogado.
- Medidas de protección y apoyo: En muchos casos, es necesario implementar medidas especiales de protección, como salas de espera separadas, para evitar la revictimización de personas en situación de violencia de género o trata de personas.
- Formación a los operadores de justicia: Los jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores del sistema judicial deben recibir formación especializada para identificar y atender las necesidades de las personas vulnerables, promoviendo un trato justo y respetuoso.
- Adaptación de los procedimientos judiciales: Es importante que los procedimientos sean flexibles y adaptables a las circunstancias particulares de las personas vulnerables. Esto puede incluir la adecuación de plazos, la provisión de intérpretes o la facilitación del transporte.
Propuesta final: generar prácticas judiciales inclusivas y respetuosas
El acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad es un tema central en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Garantizar un proceso es también generar condiciones de igualdad en el acceso y la accesibilidad de la justicia. El acceso no solo significa la eliminación de barreras físicas o económicas, sino también la creación de un entorno judicial que entienda las circunstancias de cada individuo y que esté dispuesto a adaptarse para garantizar un trato digno.
En última instancia, la vulnerabilidad no debe ser una barrera para acceder a la justicia, sino un criterio que impulse la creación de sistemas judiciales más eficientes.
A continuación, tres claves esenciales para generar un impacto positivo:
- Fomentar la sensibilización y capacitación continua: la formación permanente de los operadores judiciales es esencial para identificar, comprender y atender de manera adecuada las diversas formas de vulnerabilidad. Capacitarse es el primer paso para ofrecer un trato respetuoso de derechos.
- Simplificar y adaptar los procedimientos judiciales: adecuar los procesos ya existentes (basta de esperar que todo lo haga «el legislador»), buscando dispositivos y formas para que sean más flexibles, adaptados a las circunstancias particulares de las personas vulnerables, facilita su acceso a la justicia. De ninguna manera significa que el juez se transforme en legislador. Lo que apuesto es a que, las adecuaciones busquen garantizar la accesibilidad real de la justicia (física, sensorial y lingüística en todas las instancias del proceso).
- Promover la comunicación clara y empática: mantener una comunicación abierta, accesible y comprensible para todas las personas es esencial para asegurar que comprendan sus derechos y puedan participar activamente en el proceso judicial.
«Un trato empático y respetuoso contribuye a construir confianza y respeto mutuo» (Mariana Rey Galindo)
[1] Anales Sis San Navarra vol.30 supl.3 Pamplona 2007 – Versión impresa ISSN 1137-6627
[2] Delor, F. & Hubert, M. (2000), Revisiting the concept of vulnerability. Social Science & Medicine 50: 1557-1570.