Cuando hablamos de acceso a la justicia, las personas en situación de vulnerabilidad suelen enfrentar barreras que no pueden ignorarse.
Recientemente, un proceso judicial de más de 10 años fue declarado caduco, afectando gravemente los derechos de una persona con discapacidad severa.
¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, el sistema judicial invisibilice a quienes más protección necesitan?
Esta falta de adecuación judicial atenta contra las garantías constitucionales y convencionales de aquellos que se encuentran en las situaciones más delicadas.
La Cámara, al revocar la caducidad, reconoció que la justicia debe ser accesible para todos, sin excepción. Este tipo de pronunciamientos pone de caras que la igualdad real no solo se proclama, sino que se ejerce con ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad defender sus derechos en condiciones de equidad.
En este caso, un hombre, postrado debido a un accidente de tránsito, fue representado por su madre como curadora. Durante años, su capacidad legal se debatió sin los ajustes necesarios. Sin embargo, la Cámara entendió que este rigorismo procesal le negaba justicia, anulando el fallo y garantizando la continuidad del proceso.
¿Hasta dónde es más importante cumplir con las reglas estrictas de la ley, y cuándo deberían prevalecer los derechos humanos y la protección de las personas vulnerables?
La Justicia Inclusiva es el verdadero compromiso que debemos asumir. No es suficiente hablar de derechos si no defendemos activamente su cumplimiento.
