¿Quién responde cuando un niño sufre un accidente o agresión en el ámbito escolar? En Argentina, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, los incidentes ocurren y, en ocasiones, las responsabilidades se ponen en duda. ¿Están las instituciones educativas garantizando de manera adecuada la seguridad de los estudiantes bajo su responsabilidad?
Recientemente, un Tribunal de Apelaciones resolvió atribuir la responsabilidad a las instituciones educativas. El caso involucra a un joven de 15 años que fue agredido durante el recreo por otro alumno, sufriendo un daño físico considerable. El fallo judicial dejó en claro que el colegio, y por extensión el Estado (al contar con un reaseguro escolar), tienen una responsabilidad objetiva sobre la seguridad de los estudiantes mientras están bajo su cuidado. El centro educativo alegó imprevisibilidad, pero la Cámara de Apelaciones estableció que la agresión era evitable y que existió una falla en la vigilancia. (S., K. E. vs. Gobierno de la Ciudad de Bs.As y otros s. Daños y perjuicios, 8/8/2024 -Cám. Cont. Adm., Tribut. y Rel. Consum. Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 08/08/2024).
Este tipo de situaciones no solo afecta la salud física de los estudiantes, sino que también genera un entorno de inseguridad en espacios que deberían ser de aprendizaje y crecimiento.
En la legislación argentina, la responsabilidad de los establecimientos educativos es clara: tienen un deber de cuidado que no puede ser evitado con alegaciones de «caso fortuito» o imprevisibilidad. Las escuelas deben garantizar que existan las medidas adecuadas para prevenir incidentes, y si fallan en hacerlo, el Estado también debe responder. Este fallo subraya la importancia de reforzar la vigilancia y prevención en el entorno escolar para evitar daños y proteger a los estudiantes.
El fallo emitido no solo favoreció al joven que sufrió la agresión, sino que también envía un mensaje contundente a las instituciones educativas y al Estado: la seguridad de los estudiantes es un derecho, y cualquier omisión en su protección tiene consecuencias legales.
Es necesario avanzar en la implementación de protocolos de seguridad en los colegios, capacitar al personal educativo y reforzar la vigilancia en los momentos más vulnerables, como los recreos, para prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.
La seguridad es un derecho fundamental que debe ser garantizado. Este caso nos invita a reflexionar sobre la necesidad de reforzar la prevención y la acción colectiva, no solo desde el Estado y las instituciones educativas, sino también desde la comunidad en su conjunto.
