El caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) vs. Costa Rica, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trata sobre la responsabilidad del Estado costarricense por prohibir la fecundación in vitro (FIV) desde el año 2000, afectando los derechos humanos de 18 personas. La Corte declaró que esta prohibición vulneraba el derecho a la vida privada y familiar, la autonomía reproductiva, la igualdad y el acceso a avances científicos, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la sentencia de 2012, la Corte ordenó a Costa Rica:
- Eliminar la prohibición de la FIV y permitir su práctica a nivel público y privado.
- Reglamentar la técnica de FIV para garantizar estándares de calidad y seguridad.
- Incluir la FIV en los programas de salud pública para asegurar acceso igualitario, particularmente a personas de bajos recursos.
- Implementar medidas de reparación, como indemnizaciones económicas y atención psicológica gratuita para las víctimas.
La resolución de supervisión de 2016 señala que Costa Rica cumplió parcialmente con las órdenes, aunque persisten obstáculos debido a decisiones de su Sala Constitucional y la falta de legislación adecuada. La Corte instó al Estado a garantizar de manera inmediata el acceso a la FIV sin condicionarlo a nuevas regulaciones.