El caso Olivera Fuentes vs. Perú, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trata sobre la responsabilidad del Estado peruano por la violación de derechos humanos de Crissthian Manuel Olivera Fuentes, quien denunció discriminación en un supermercado debido a su orientación sexual. El 11 de agosto de 2004, Olivera y su pareja fueron instados a cesar expresiones afectivas en público o abandonar el establecimiento, en un acto claramente discriminatorio. Posteriormente, el sistema judicial y administrativo peruano desestimó las denuncias, aplicando criterios probatorios contrarios a los estándares interamericanos.
La Corte concluyó que Perú violó los derechos a la igualdad, vida privada, libertad personal y garantías judiciales, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. El fallo destaca que el uso de estereotipos y prejuicios sobre orientación sexual perpetuó la discriminación, desprotegiendo a las víctimas y validando actos discriminatorios en el ámbito comercial. Además, subrayó que las autoridades omitieron su deber de investigar adecuadamente y sancionar estas conductas.
Como reparaciones, la Corte ordenó a Perú medidas como: brindar atención psicológica gratuita al señor Olivera, publicar la sentencia, diseñar campañas nacionales de concientización contra la discriminación hacia personas LGBTIQ+, y elaborar planes pedagógicos sobre diversidad y derechos humanos en el ámbito de consumo.