El caso se originó a raíz del femicidio de Mariela Tacacho, ocurrido en octubre de 2020 en San Miguel de Tucumán, a manos de un exalumno que la hostigó durante años. Su madre promovió una demanda de daños y perjuicios contra el Estado provincial y el Poder Judicial de Tucumán, alegando que la inacción de las autoridades permitió la consumación del crimen.
La Cámara analizó la prueba aportada: más de 13 denuncias presentadas por la víctima en distintas instancias, medidas de restricción incumplidas y la ausencia de una respuesta institucional eficaz que frenara el hostigamiento. Se constató una falla estructural del Estado en garantizar la seguridad de Mariela, que quedó expuesta a un patrón de violencia de género prolongado e ignorado.
El tribunal reconoció la responsabilidad internacional y constitucional del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, conforme a la Convención de Belém do Pará y a la Ley 26.485. Subrayó que la falta de articulación entre fiscalías, policía y juzgados derivó en una omisión antijurídica que facilitó la escalada de violencia hasta el desenlace fatal.
En consecuencia, la Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Provincia de Tucumán y al Poder Judicial a indemnizar a la madre de la víctima por daño moral, fijando un monto significativo en concepto de reparación. El fallo enfatizó el carácter ejemplificador y preventivo de la decisión, exhortando al Estado provincial a adoptar medidas institucionales concretas para evitar la repetición de casos similares.
Este pronunciamiento es considerado un hito en la judicialización de la responsabilidad estatal en casos de violencia de género, visibilizando la necesidad de políticas públicas integrales y efectivas.